Proyecto de ley radicado por el Ministerio TIC propone Internet asequible con aportes de los estratos más altos y grandes empresas.
Crédito: Mintic
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Sharon Durán y Paula Bertolini
El ministro TIC de Colombia,Julián Molina,radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley Internet Solidario,que reconoce el acceso a Internet como un derecho fundamental en Colombia y lo garantiza de manera universal,equitativa y asequible.
Aunque en el papel el documento declara el Internet fijo residencial como un servicio público esencial,también busca que los operadores de telecomunicaciones aseguren cobertura,continuidad,calidad y tarifas diferenciadas para poblaciones vulnerables.
Hoy radicamos en el Congreso el proyecto de ley #InternetSolidario,con el que buscamos convertir el Internet fijo en un servicio público domiciliario y garantizar que sea un derecho fundamental para todos los colombianos. pic.twitter.com/CeeHDd8wza
— Julián Molina Gómez (@JulianRMolinaG) August 20,2025
La iniciativa propone un “esquema solidario de financiación” donde los usuarios de estratos 5 y 6 y las grandes empresas comerciales e industriales,pagarán 30% adicional en sus facturas de Internet fijo.
Con el recaudo se financiarán subsidios dirigidos a los hogares de menores ingresos,particularmente los clasificados en el Sisbén A,con el objetivo de reducir la brecha digital.
Se establece la posibilidad de que los hogares de estrato 1 reciban un subsidio de hasta 55% de su factura de Internet fijo,siempre que cumplan condiciones como tener servicio de energía y estudiantes matriculados en el hogar.
El proyecto también ordena a los operadores de telecomunicaciones ofrecer planes diferenciados con tarifas más bajas para hogares vulnerables.
La propuesta generaría un impacto directo en la rentabilidad de los operadores,al imponerles la obligación de ofrecer planes subsidiados y ajustar sus esquemas comerciales a tarifas definidas por el Estado.
Lo anterior limita su autonomía tarifaria,reduce márgenes y dificulta la recuperación de inversiones realizadas en infraestructura de red,en un contexto de consolidación del mercado telco colombiano y el país con el ingreso por usuario (ARPU) más bajo de la región.
Además,el proyecto de ley se enfoca en los servicios de Internet fijo,pero en Colombia la mayoría de accesos en zonas rurales ocurren a través de telefonía móvil,por lo que surge la interrogante acerca del verdadero alcance del proyecto dado que los hogares más vulnerables habitan en zonas remotas.
Obligaciones para las plataformas digitales
El proyecto incluye “obligaciones de los proveedores de servicios intermediarios digitales” (empresas que proporcionan servicios de transmisión,alojamiento,almacenamiento y/o copia temporal de datos,así como plataformas en línea).
Determina que estas empresas deberán registrarse con carácter informativo ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o la entidad que éste designe,para su inclusión en el Registro Único de TIC (RUTIC).
“En el ámbito de la prestación de sus servicios y capacidades,deberán cooperar con las autoridades judiciales y administrativas colombianas en el suministro de la información requerida para adelantar las averiguaciones e investigaciones de actividades que se valgan de sus servicios,de conformidad con la ley y las órdenes judiciales o administrativas debidamente fundamentadas.
“Esta colaboración incluye la obligación para los proveedores de Servicios Intermediarios Digitales,especialmente aquellos que presten servicios de alojamiento o almacenamiento y plataformas en línea,de ejecutar diligentemente las órdenes judiciales que soliciten el bloqueo,retirada o deshabilitación del acceso a contenidos declarados contrarios al ordenamiento jurídico”,detalla el documento.
Inspección y control
En el Capítulo II del proyecto,incluye mecanismos de fortalecimiento de las funciones de inspección,vigilancia y control del Ministerio TIC,lo que puede abrir la puerta a una intervención excesiva del estado.
El documento también establece que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) deberá regular los ajustes tarifarios,subsidios y mecanismos de focalización establecidos en la ley en los seis meses siguientes de su promulgación,un tiempo bastante limitado si se tiene en cuenta la complejidad técnica que implica la decisión y el ajuste en sí mismo.
Además,el gobierno actual,en cabeza de Gustavo Petro,finaliza su mandato en agosto de 2026,por lo que puede parecer un mecanismo político para acelerar la decisión.